Como en nuestra legislación, más allá de algún caso particular, no existe una regulación sistemática de la representación, es preciso acudir a los artículos que el Código Civil dedica al contrato de mandato para resolver los problemas que pudieran surgir. El principal de ellos versa sobre los efectos del contrato celebrado por el representante, porque ¿con quién estará estableciendo una relación jurídica el tercero que contrata con el representante, con éste o con el representado? Es una cuestión que no presenta demasiadas dificultades cuando el tercero ha sido informado de que la persona con la que está contratando actúa en favor de su representante. Pero cuando la representación es indirecta, es decir, de la que sólo tienen noticia el representado y el representante, sin dar cuenta de ella a las personas que contratan con éste, la cuestión no es tan sencilla.

En consecuencia, ¿puede alguien, sin saberlo, estar contrayendo una deuda o asumiendo una obligación, no con aquella persona con la que cree estar haciéndolo, sino con quien está representado por ella? Tendríamos que decir que eso dependerá del caso en concreto, aunque lo más probable es que no pueda dirigirse directamente contra el mandante. Lo que sí parece indudable, como consecuencia del poder otorgado, es que el representado se verá afectado y deberá responder por las obligaciones que haya contraído el representante, siempre que actúe en su beneficio y sin sobrepasar los límites marcados en el poder.

Uno de los ejemplos más claros de representación es el de los abogados respecto de sus clientes, tanto en las negociaciones con la parte contraria como en los trámites del proceso. En estos casos la autorización puede atribuirse mediante un poder notarial o apud acta. Este último es el que se concede con la intervención del Secretario Judicial.

Hasta aquí hemos analizado los aspectos básicos de la representación. Pasemos ahora a las características del contrato de mandato. Al igual que aquélla, el mandato puede otorgarse expresa o tácitamente, en documento público o privado y verbalmente. En principio, se trata de un contrato gratuito, a no ser que los contratantes estipulen expresamente la retribución del mandatario, que es el que se encarga de entregar o de hacer alguna cosa por encargo del mandante.

El mando puede comprender todos los negocios propios del mandante, o sólo uno o algunos de ellos, lo que lo convierte en general o especial. Todo ello dependerá de las instrucciones del mandante, quien también fijará los límites del mandato, sobre todo de cara a las funciones que ostentará el mandatario. A no ser que el mandante establezca lo contrario, el mandatario no podrá enajenar o transmitir los bienes que correspondan a aquél. El Código Civil señala a este respecto una excepción importante: no se considera que el mandatario traspase los límites señalados por el mandante cuando, a pesar de incumplir sus instrucciones, lo que realice sea beneficioso para éste.